Juez ampara a compañías de electricidad contra la nueva política de la Secretaría de Energía (Sener) ante lo cual el gobierno mexicano pretende limitar la generación privada de fuentes renovables.
El pasado 30 de octubre se dio a conocer el fallo, sin embargo, se difundido este miércoles, así lo dio a conocer la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que publicaron el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Pese a que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica resolvió a favor de la empresa EGP Magdalena Solar, extendió los efectos a todas las compañías que se encuentran en mercado eléctrico mayorista.
El mismo juez amparó la semana pasada a todas las empresas contra el acuerdo que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el 29 de abril, que también prioriza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa estatal.
Mientras que el acuerdo del Cenace argumenta que, por la pandemia, debe bloquear las centrales renovables porque “son intermitentes”, la política de Sener elimina el concepto de “despacho económico” para priorizar la energía de las plantas de CFE, que tiene costos más altos que los privados.
Dicha sentencia de fondo sobre el tema, el juez Gómez Fierro consideró que la política de Sener es inconstitucional porque afecta la libre concurrencia y competencia, además de incumplir con los requisitos regulatorios.
La Primera Sala de la Suprema Corte confirmó en octubre la suspensión definitiva de la política de la Sener, lo que significa que queda sin efecto solo mientras resuelve su constitucionalidad.
La política también ha despertado críticas de legisladores estadounidenses, que denuncian que “viola” el espíritu del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el 1 de julio.
Pese a lo sucedido, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que, si la Suprema Corte falla en contra de su gobierno, hará una reforma constitucional para proteger a la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex) del “saqueo” de las empresas extranjeras.