La Audiencia Nacional de España rechazó el recurso de súplica presentado por el expresidente de Altos Hornos de México, Alfonso Alcira, contra el auto que acordaba la extradición a su país por delitos relacionados con corrupción.
En su decisión de este 13 de noviembre, la Audiencia Nacional "confirma la entrega de este empresario al considerar que los hechos por los que le persigue la justicia mexicana también son delito en España y concurre por ello el principio de doble incriminación".La justicia mexicana investiga cuatro transferencias emitidas entre junio y noviembre de 2012 de Altos Hornos de México (AHMSA) a la empresa Tochos Holding, vinculada al exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por un importe de 3,4 millones de dólares.
En concreto, la investigación se centra en la decisión adoptada por Lozoya un mes después de tomar su cargo en Petróleos Mexicanos, cuando decidió adquirir una planta de fertilizantes propiedad de AHMSA que llevaba inactiva 14 años.
La compra se hizo por 275 millones de dólares estadounidenses cuando su valor de tasación se fijó en unos 58 millones.
La transacción tuvo lugar pocas semanas después de que Lozoya adquiriera un inmueble de lujo en Ciudad de México que a ojos de los investigadores fue una contraprestación por la compra fraudulenta.
Las pesquisas apuntan a que Alonso Ancira cooperó en un delito de blanqueo de capitales con Lozoya al ejecutar el concierto delictivo pagando dádivas a través de transferencias desde AHMSA a Tochos Holding como compensación.
El recurso presentado por Ancira alegaba que los hechos han prescrito, pero las autoridades mexicanas no se pronunciaron en ese sentido, por lo que la Audiencia Nacional de España decide mantener la entrega para “no hurtar el rol de decidirlo a la justicia mexicana”.
Del mismo modo, la Audiencia Nacional rechaza los argumentos de Ancira en los que se presenta como la víctima de una persecución política.
En opinión de los magistrados españoles, la investigación mexicana trabaja sobre indicios claros de una trama de corrupción consistente en la compra fraudulenta de la planta y su contraprestación con un inmueble de lujo, todo ello generando un “gran perjuicio” a las arcas públicas.