Una diputada del partido gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) impulsa una iniciativa para despenalizar la muerte asistida en México, dirigida a personas mayores de 18 años que la soliciten de manera expresa y por escrito.
La propuesta, presentada por la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, plantea que la muerte asistida pueda practicarse sin que constituya delito ni genere responsabilidad civil por daños y perjuicios, siempre que se realice bajo el amparo de la ley y conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud.
El proyecto contempla reformas y adiciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. Establece que la solicitud deberá ser evaluada por un Comité de Bioética, encargado de determinar la aptitud de la persona solicitante y la procedencia del procedimiento.
De acuerdo con la iniciativa, la Secretaría de Salud será responsable de emitir la normatividad que defina requisitos, procedimientos, formatos y tiempos de reflexión necesarios para la aprobación y ejecución de la muerte asistida.
El texto señala que únicamente médicos autorizados podrán practicar estos procedimientos y que el personal médico tendrá derecho a negarse en cualquier momento por objeción de conciencia. En ese caso, la institución de salud deberá designar a otro médico no objetor para llevar a cabo el procedimiento, conforme a la legislación y normatividad aplicable.
La iniciativa define la muerte asistida como la terminación intencional de la vida, realizada por personal médico autorizado a solicitud expresa de la persona, mediante procedimientos de eutanasia o suicidio asistido. La eutanasia se describe como el acto directo del personal médico para terminar la vida del solicitante, mientras que el suicidio asistido implica que el médico proporcione los medios para que la persona ejecute el acto por sí misma, ambos con autorización de la autoridad competente.
Aunque actualmente en México se prohíben expresamente la eutanasia, el suicidio asistido y el homicidio por piedad, la diputada citó datos de la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad 2022, en la que el 68.6 por ciento de los encuestados consideró que las personas en fase terminal y con sufrimiento irreversible deberían tener la opción de adelantar su muerte.
Además, el 57.7 por ciento estuvo de acuerdo en que el médico proporcione las sustancias letales para que el paciente las administre, y el 72.7 por ciento opinó que las leyes deben modificarse para permitir este tipo de ayuda a quienes así lo decidan.
La legisladora destacó que, a nivel internacional, pocos países cuentan con legislación en la materia, entre ellos Suiza, Colombia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, España, Italia, Austria, Alemania, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. En América Latina, Colombia y Ecuador han avanzado en la despenalización de la eutanasia a través de resoluciones judiciales, no mediante reformas legislativas.